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Abren investigación sobre la muerte de Silverio Villegas, pero activistas temen que sea tarde para lograr plena justicia

La Policía Estatal de Illinois investiga la muerte de Silverio Villegas a manos de ICE en 2025; la tardía indagación podría haber costado evidencia clave

Silverio Villegas González y sus dos hijos. (Cortesía GoFundMe/Familia Villegas)

Silverio Villegas González y sus dos hijos. (Cortesía GoFundMe/Familia Villegas) Crédito: Cortesía

La Policía Estatal de Illinois (ISP, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre la muerte de Silverio Villegas González a manos de un agente de ICE, pero defensores comunitarios que han encabezado la exigencia de justicia aseguran que el retraso podría haber costado a los investigadores evidencia clave.

El 12 de septiembre de 2025, Villegas González, de 38 años, murió baleado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una parada de tráfico en Franklin Park, Illinois. Padre de familia y cocinero originario de México, Villegas González había dejado a uno de sus hijos en la escuela apenas minutos antes de su encuentro fatal con agentes de ICE.

La investigación de la Policía Estatal de Illinois fue solicitada por el Departamento de Policía de Franklin Park el mismo día en que un panel estatal designado por el gobernador JB Pritzker publicó un informe de 204 páginas que detalla presuntas irregularidades cometidas por agentes federales de inmigración durante la campaña de deportaciones masivas enfocada en el área de Chicago, conocida como Operación Midway Blitz, desatada el otoño pasado.

En una declaración a La Raza, el agente Ryan Wagand de la Policía Estatal confirmó que la policía de Franklin Park solicitó una revisión por parte de la Fuerza de Tarea de Integridad Pública (Public Integrity Task Force, PITF) y señaló que la Oficina del Sheriff del Condado de Cook colaborará en la investigación.

“PITF ha comenzado la investigación inicial y, una vez concluida, el caso será entregado a la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook”, dijo Wagand. Agregó que por el momento no hay más información disponible.

La Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook, que este año desarrolló un protocolo específico para manejar este tipo de casos, indicó que “desempeñará un papel de apoyo en la investigación, de conformidad con nuestro Protocolo de Respuesta ante Acciones de Aplicación de la Ley Federal de Inmigración”.

Poca esperanza de justicia

Pero para Baltazar Enríquez, presidente del Consejo Comunitario de La Villita, quien ha organizado protestas y acciones públicas desde el día en que Villegas González fue asesinado, el anuncio genera pocas esperanzas.

“Esto es una tontería”, dijo Enríquez a La Raza. “Porque ya pasaron ocho meses, y cuando se hace una investigación, las primeras 48 horas son las más importantes”.

Enríquez señaló que la comunidad ya había recorrido este camino. Durante meses después del tiroteo, su organización presionó al Buró Federal de Investigaciones y al Departamento de Justicia de EEUU para que abrieran una investigación federal. En febrero, el Concilio Comunitario de La Villita presentó una queja formal exigiendo la divulgación pública de la identidad del agente de ICE involucrado y de su situación laboral actual.

“Sabemos que el gobierno federal no lo está investigando”, dijo. “Porque si así fuera, el estado no anunciaría una investigación”.

Enríquez teme que la investigación estatal no produzca resultados significativos y que el paso del tiempo haya hecho casi imposible una verdadera rendición de cuentas. Con el transcurso de los meses, explicó, los recuerdos de los testigos pueden haberse vuelto imprecisos y la evidencia en video podría haberse perdido o dañado.

“Creemos que esta investigación realmente no va a llegar a ningún lado”, agregó. “Comenzó demasiado tarde”.

“Sentimos que lo están haciendo por razones políticas”, añadió. “Creemos que esto será solo un espectáculo… y que al final dirán que la evidencia es inconclusa o insuficiente”.

La organización envió una carta al director de la Policía Estatal de Illinois, Brandon F. Kelly, el 9 de mayo, solicitando una reunión para discutir el alcance y la dirección de la investigación. En la carta, el Concilio Comunitario de La Villita exige conocer la identidad de los agentes de ICE involucrados, si continúan activos y trabajando en la comunidad, qué cargos podrían presentarse si se determina que hubo irregularidades y qué protecciones se ofrecerán a los testigos dispuestos a declarar.

“Nuestro objetivo es simple: justicia para los hijos de Silverio Villegas González, su familia y la comunidad en general, que continúa sufriendo el trauma causado por este incidente”, señala la carta.

Hasta el momento de la entrevista, la Policía Estatal de Illinois no había respondido a la solicitud de reunión.

Abusos de agentes federales

El informe final de la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois, publicado el 30 de abril, concluyó que agentes federales de inmigración incurrieron en usos inconstitucionales de la fuerza, incluyendo fuerza física extrema, uso indiscriminado de agentes químicos, tiroteos, golpizas y otros actos violentos, mientras que funcionarios de la Casa Blanca habrían mentido de manera sistemática para ocultar las motivaciones detrás de la Operación Midway Blitz.

La comisión aprobó por unanimidad el informe y envió cartas a agencias policiales locales instándolas a considerar posibles procesos penales contra los agentes. Las cartas no constituyen determinaciones de culpabilidad, sino solicitudes para que se realicen investigaciones adicionales.

Incluso si los investigadores logran reunir un caso sólido, el camino legal para procesar a un agente federal es complejo. El propio protocolo de la Fiscalía del Condado de Cook reconoce que los fiscales estatales primero deben superar la cuestión de la inmunidad bajo la Cláusula de Supremacía, es decir, determinar si el agente actuó dentro del ámbito de su autoridad federal y si no hizo más de lo razonablemente necesario.

Además, el gobierno federal no está obligado a cumplir con citaciones estatales, lo que podría limitar seriamente el acceso a pruebas clave, como la identidad de los agentes involucrados.

Los agentes de ICE involucrados en el tiroteo mortal no portaban cámaras corporales. Después del incidente, el Departamento de Seguridad Interior de EEUU afirmó que el agente actuó en defensa propia y que sufrió lesiones graves. Sin embargo, imágenes de las cámaras corporales de la policía de Franklin Park muestran a los agentes diciendo que las lesiones eran “nada grave”, contradiciendo directamente la versión oficial del DHS.

Baltazar Enríquez afirmó que la prioridad inmediata de su organización es clara, aunque el camino legal sea incierto.

“Por lo menos identifiquen a los agentes de ICE”, dijo. “Por lo menos sáquenlos de las calles para que la gente pueda sentirse segura”.

A pesar de la frustración, Enríquez aseguró que el Concilio Comunitario de La Villita continuará exigiendo justicia.

“Eso es lo que va a determinar si vamos a obtenerla o no”, concluyó.

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