Dreamers temen un mayor riesgo de deportación tras nuevo fallo judicial sobre DACA

Karla Castillo tenía 5 años cuando su madre le dijo en la Ciudad de México que iban a hacer un viaje a una tienda muy lejana. Nunca regresaron a la capital mexicana.

Su madre huía de una situación de abuso y llevó a su hija al norte para reunirse con familiares en Illinois. Castillo creció en un suburbio mayoritariamente blanco, salió del programa de inglés como segundo idioma en tercer grado, ganó premios distritales de escritura en quinto grado y trabajó hasta en tres empleos de medio tiempo durante su adolescencia para ahorrar y estudiar enfermería, todo mientras enfrentaba la vida como inmigrante indocumentada.

“Quería convertirme en enfermera y gracias a DACA empecé a trabajar a los 16 años”, dijo Castillo a La Raza.

Hoy Castillo es madre de dos hijas nacidas en Estados Unidos y sigue trabajando, no para sí misma, dijo, sino para asegurar que sus niñas tengan comida y un hogar.

“Con todo lo que está pasando, estoy aterrorizada de que me separen de mis hijas y no pueda mantenerlas”, dijo Castillo. “Si me deportaran, mis hijas, que nacieron en Estados Unidos, tendrían que ir a un país que es desconocido para ambas: sin orientación, sin familia cerca y sin apoyo. Básicamente quedaríamos sin hogar, y eso me da muchísimo miedo”.

El 24 de abril, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), el órgano de apelación de los tribunales de inmigración de Estados Unidos, emitió una decisión que, según defensores de los inmigrantes, debilita significativamente las protecciones para las aproximadamente 530,000 personas actualmente inscritas en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA.

El caso, conocido como Matter of Santiago-Santiago (www.justice.gov/eoir/media/1437801/dl?inline), involucró a una beneficiaria de DACA que había sido colocada en proceso de deportación. Un juez de inmigración aceptó cerrar su caso pese a la objeción del gobierno, un resultado común para personas con DACA activo. Sin embargo, el gobierno apeló y la BIA falló a su favor.

“La BIA emitió esa decisión diciendo que el juez de inmigración había cometido un error al no considerar la oposición del gobierno”, explicó Diana Rashid, directora estatal de defensa legal de The Resurrection Project, una organización comunitaria de desarrollo y servicios legales con sede en Chicago. “Y señaló que DACA, por sí solo, no es una razón para cerrar automáticamente un caso sin tomar en cuenta la oposición del gobierno y su interés en deportar a la persona”.

En otras palabras, los jueces de inmigración ya no pueden simplemente cerrar un caso porque una persona tenga DACA activo. Ahora deben considerar el interés del gobierno federal en deportarla.

“Es un cambio enorme”, agregó Rashid.

Durante años, explican los defensores, la práctica habitual era clara: si un beneficiario de DACA estaba en procedimientos de deportación y su estatus seguía vigente, un juez podía cerrar el caso. Eso ya no está garantizado.

“Definitivamente parece que el gobierno y los tribunales están tratando de facilitar la deportación de beneficiarios de DACA bajo esta administración”, dijo Rashid.

El fallo llega en medio de un endurecimiento general de la política migratoria bajo la administración Trump, con un aumento en arrestos, redadas y reportes de agentes de ICE deteniendo a personas con protecciones migratorias vigentes. Los defensores temen que la decisión de la BIA dé aún más impulso a acciones de cumplimiento dirigidas específicamente contra beneficiarios de DACA.

En Illinois, aproximadamente 27,800 personas contaban con DACA activo hasta marzo de 2025, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

“Los agentes de ICE, que ya están utilizando tácticas muy agresivas y retaliatorias para detener a no ciudadanos”, dijo Rashid, “tendrán aún más motivación para atacar a personas que sepan o sospechen que son beneficiarias de DACA”.

Medidas para reducir riesgos

Para personas como Castillo, DACA nunca se ha sentido como una solución permanente, pero sí ha sido un salvavidas.

“Me pongo muy triste porque hemos estado tratando de arreglar mi estatus, pero seguimos en el limbo y no es justo para quienes llegamos aquí sin saber y sin querer cuando éramos niños”, dijo.

Las solicitudes de renovación están enfrentando severos retrasos en USCIS, lo que deja a muchos beneficiarios en una zona gris legal, donde técnicamente su estatus ha expirado mientras esperan respuesta. Rashid dijo que su organización está recibiendo llamadas de clientes que hicieron todo correctamente: presentaron sus solicitudes con anticipación, buscaron asesoría legal y enviaron aplicaciones completas, y aun así siguen esperando.

Sin un estatus activo, los beneficiarios de DACA pueden perder sus empleos, su cobertura médica y, como subraya este fallo, su protección frente a la deportación.

Rashid y otros defensores recomiendan a los beneficiarios de DACA tomar varias medidas para reducir su riesgo en el clima actual: renovar lo antes posible, dentro de los 150 días previos al vencimiento, y buscar asesoría legal para completar la solicitud. También aconsejan evitar viajes innecesarios, especialmente cerca de las fronteras.

Rashid dijo que existen reportes de beneficiarios de DACA que han sido detenidos o interrogados en aeropuertos y en puntos de control interiores de la Patrulla Fronteriza, incluso cuando no tenían intención de cruzar la frontera.

También recomienda consultar con un abogado para determinar si podrían calificar para otras formas de alivio migratorio más permanentes. Rashid agregó que la joven en el centro del caso de la BIA posiblemente era elegible para otro estatus legal, pero no tenía una solicitud pendiente.

“Definitivamente queremos que las personas consulten con organizaciones como The Resurrection Project para que evalúen su caso y reciban asesoría legal competente sobre sus opciones”, dijo Rashid.

A pesar del temor que se está extendiendo en las comunidades inmigrantes, Rashid enfatizó que es importante aclarar lo que esta decisión no significa.

“Esta decisión no significa que serán deportados”, dijo. “Sí facilita que el gobierno intente hacerlo, pero si llegan a ser detenidos por ICE, busquen asesoría legal y no renuncien a sus derechos”.

Castillo dijo que todavía espera regresar a la escuela y convertirse en enfermera algún día. Pero por ahora, dijo, su prioridad son sus hijas y mantener a su familia unida.

“Me rompe el corazón saber que hay personas que son tan crueles con nosotros”, dijo. “Solo queremos lo mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos.”

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