Comunidades latinas de Chicago luchan contra recortes a la asistencia alimentaria

Adriana Carpio se jubiló en 2025 después de años trabajando como promotora de salud comunitaria, ayudando a sus vecinos del Northwest Side de Chicago a solicitar asistencia alimentaria (SNAP), Medicaid y otros beneficios públicos.

Ahora, a sus 62 años, se encuentra del otro lado de ese trabajo: dependiendo de los mismos programas que antes ayudaba a otros a navegar, y con miedo de perderlos.

“La pensión por viudez de mi esposo no alcanza ni para pagar la renta”, dijo Carpio a La Raza. “Entonces, para mí, recibir el programa SNAP es muy importante, porque con eso me ayudo a comprar comida. También hago otras cosas… pagar la renta, la luz, el gas”.

Carpio es una de las potencialmente cientos de miles de personas en Illinois cuyo acceso a la asistencia federal para alimentos ahora está en riesgo. El 1 de mayo de 2026 marcó un hito preocupante: fue el primer día en que participantes de SNAP que no cumplieron con los nuevos requisitos federales de trabajo o no demostraron estar exentos comenzaron a perder sus beneficios.

Man-Yee Lee, portavoz del Greater Chicago Food Depository, dijo anteriormente a La Raza que la organización recibió cifras actualizadas del Departamento de Servicios Humanos de Illinois apenas un día antes. Aproximadamente 120,000 participantes de SNAP en Illinois comenzaron a perder sus beneficios durante mayo, explicó. En total, más de 250,000 hogares en Illinois están siendo afectados por los cambios en la elegibilidad y requisitos laborales incluidos en la ley presupuestaria del presidente Trump, apodada “One Big Beautiful Bill Act”, aprobada el verano pasado.

Hay opciones para conservar los beneficios de alimentos

Las nuevas reglas, que entraron en vigor el 1 de febrero, exigen que la mayoría de los adultos entre 18 y 64 años que no tengan dependientes menores de 14 años documenten al menos 80 horas mensuales de actividades calificadas, trabajo remunerado o no remunerado, capacitación laboral, voluntariado o una combinación de ello, para conservar sus beneficios de SNAP. Los participantes que agotaron sus tres meses permitidos sin cumplir con esos requisitos o sin reclamar una exención comenzaron a perder acceso a los beneficios de SNAP el 1 de mayo.

Lee dijo que muchas de las 120,000 personas en riesgo sí podrían calificar para exenciones que desconocen, incluyendo personas embarazadas, personas sin hogar o quienes viven con una discapacidad certificada, e instó a la comunidad a no rendirse.

“Muchas personas ya se resignaron a perder los beneficios”, dijo. “Hay cosas que pueden hacer. Simplemente no lo saben”.

Lee recomendó a quienes tengan preguntas visitar saveoursnap.org, donde los residentes pueden verificar si califican para una exención, enviar documentación directamente al Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) y encontrar enlaces a oportunidades locales de voluntariado y capacitación laboral, incluyendo entrenamientos virtuales que pueden completarse desde casa. También pueden llamar a la línea de beneficios de IDHS al 1-800-843-6154 o al equipo de alcance de beneficios del Food Depository al 773-247-FOOD.

‘Una injusticia’

Las nuevas reglas afectan especialmente a Carpio. Se jubiló el año pasado y desde entonces se ha convertido en cuidadora de tiempo completo de su nieto pequeño mientras su hija trabaja, una situación que la coloca directamente en la mira en el punto de los requisitos laborales, a pesar de haber trabajado durante décadas.

“Estoy en edad de trabajar”, dijo. “¿Pero cómo voy a trabajar si estoy ayudando a mi hija con mi nieto? No puedo trabajar. Y el hecho de que hayan puesto esa regla me afecta bastante”.

Si Carpio vuelve a trabajar, dijo, su hija perdería el cuidado infantil que ella provee, y el costo de una guardería probablemente superaría lo que podría ganar trabajando. También le preocupa Medicaid. Sin seguro médico patrocinado por un empleador, depende de la cobertura pública para atención preventiva.

“Si hacen recortes a Medicaid, me voy a quedar sin seguro”, dijo. “¿Cómo voy a hacerme mis chequeos? A mi edad necesito revisar mi azúcar, mi presión arterial, hacerme mamografías, y todo eso es muy costoso”.

Con sus años de experiencia como promotora de salud comunitaria, Carpio dijo que también le preocupa lo que estas reglas significan para los padres de adolescentes en su comunidad.

“Si tienes hijos de 14 a 18 años, vas a tener que trabajar”, dijo. “¿Pero cómo vas a dejar solo a un joven de 14 años en casa? Ahorita, con tantos problemas de violencia y drogadicción, los padres tienen que estar presentes con sus hijos. Eso me parece una injusticia por parte del gobierno, porque no piensan en las necesidades de las familias ni en las necesidades de los niños”.

Para las familias inmigrantes en comunidades como Belmont Cragin, los recortes ya comenzaron. Desde el 1 de abril, personas con ciertas protecciones humanitarias oficiales, entre ellos refugiados, asilados, sobrevivientes de trata humana y sobrevivientes de violencia y tortura, quedaron excluidas de SNAP. Lee dijo que ese cambio afecta hasta a 16,000 vecinos inmigrantes con presencia legal en Illinois.

Un proyecto de ley en el Senado estatal, SB3167, ampliaría el programa existente de Illinois para víctimas de trata, tortura y otros delitos graves para cubrir a esos inmigrantes que perdieron acceso a SNAP debido a las nuevas reglas federales.

Aun así, los bancos de alimentos en Chicago y el condado de Cook permanecen abiertos para todos, sin importar el estatus migratorio. Las personas que buscan despensas pueden visitar el sitio web del Food Depository y filtrar por código postal.

“Si eres un ser humano, mereces comer. Esa es nuestra filosofía”, dijo Lee. “No hacemos preguntas”.

Luchando en Springfield

Hace unos días, Carpio y otros miembros de la comunidad viajaron al Capitolio estatal como parte de un último esfuerzo antes de que concluyera la sesión legislativa de primavera de Illinois. COFI (Community Organizing and Family Issues) y su organización afiliada POWER-PAC IL viajaron a la capital estatal Springfield como miembros tanto de la Coalición de Illinois pro Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) como de la Illinois Revenue Alliance (ILRA), instando a los legisladores estatales a adoptar medidas fiscales que puedan compensar los recortes federales a programas de apoyo social.

“¿Cómo puede ser que compañías con tantos ingresos paguen tan pocos impuestos? Yo pago más que eso”, dijo Carpio. “Lo que tienen que hacer los legisladores y el gobernador aquí en Illinois es aplicar una ley que aumente los impuestos a los ricos y a las grandes compañías, para que paguen lo justo, para que haya dinero que sostenga todos estos programas que benefician a la comunidad”.

La Illinois Revenue Alliance y un grupo de senadores estatales anunciaron este año un paquete de propuestas fiscales, incluyendo un impuesto a la riqueza de multimillonarios sobre la apreciación de activos, estimado en generar $916 millones de dólares anuales; un impuesto del 10% a la publicidad digital para grandes corporaciones tecnológicas, proyectado en $1,100 millones.

Al mismo tiempo, el Food Depository está impulsando ayuda estatal de emergencia. El proyecto FRESH (Families Receiving Emergency Support for Hunger) proporcionaría un pago único de 600 dólares, aproximadamente equivalente a tres meses del beneficio promedio de SNAP, a quienes pierdan beneficios debido a los nuevos requisitos laborales.

Lee dijo que la organización también se prepara para un aumento en la demanda de despensas de alimentos. Durante el cierre parcial del gobierno el pasado noviembre, explicó, la red de despensas del Food Depository atendió un récord de 240,000 visitas de hogares en un solo mes.

“Nos estamos preparando completamente para eso”, dijo Lee. “Pero las organizaciones benéficas no pueden llenar el vacío que dejarán estos cambios históricos a SNAP”.

Carpio dijo que se siente invisible para las personas que toman estas decisiones.

“No creo que nos entiendan”, dijo. “Si entendieran, no pondrían a toda nuestra familia en esta situación, no solo a mí, sino a millones y millones de familias que también dependen de estos servicios”.

“Nuestros legisladores tienen que ponerse a trabajar”, agregó. “Nuestro gobernador tiene que ponerse a trabajar, para ver de dónde vamos a sacar más dinero. No subirle los impuestos a la gente trabajadora. Ese no es el punto. El punto es asegurarse de que los ricos paguen lo justo”.

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