Activistas condenan “ley mordaza” y restricciones a servicios de abortos

WASHINGTON— Activistas de grupos progresistas y la comunidad inmigrante condenaron este miércoles la llamada “ley mordaza” y demás restricciones que impulsa la Administración Trump para privar de fondos federales a clínicas vinculadas con servicios de aborto en todo el país.

Siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump, el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), difundió ayer una propuesta para enmendar los reglamentos del “Título X”, que rige el único programa del gobierno federal para la planificación familiar para mujeres de bajos recursos.

Las nuevas restricciones son producto de años de presión por grupos conservadores y antiaborto, que han llevado su lucha también a las legislaturas estatales en todo el país, con el objetivo de socavar el derecho al aborto en EEUU.

Una vez que entren en vigor, esos reglamentos privarán de fondos a clínicas que refieran a pacientes a proveedores de aborto, en lo que popularmente se conoce como “ley mordaza” porque efectivamente impide que las clínicas recomienden abortos como una opción, o refieran a las mujeres a esos servicios.

En declaraciones a este diario, Dawn Languens y Bridgette Gómez, vicepresidenta ejecutiva y directora de asuntos latinos de “Planned Parenthood Federation of America”, respectivamente, calificaron las normativas como un ataque frontal contra los derechos básicos de las mujeres.

“Todos tenemos el derecho a acceder a información sobre atención médica, incluyendo información sobre aborto seguro y legal, y todas las mujeres merecen la mejor atención e información médica, sin importar ingresos o dónde viva. Lo que no sucederá bajo esta nueva regla”, dijo Laguens.

Por su parte, Gómez, precisó que bajo la “ley mordaza” ni siquiera se podrá “mencionar la palabra aborto”, lo que afectará a proveedores de salud que ofrecen también otros servicios reproductivos.

Alrededor de una tercera parte de las pacientes que reciben servicios bajo el “Título X” son minorías, más de un tercio son latinas, y un 13 % tiene un conocimiento limitado del inglés, dijo Gómez, al advertir que un ataque al Título X limitará aún más las opciones de atención médica“.

Al anunciar la propuesta, el presidente Donald Trump dijo anoche durante una gala de “Susan B. Anthony List”, un grupo antiaborto, que “durante décadas los contribuyentes estadounidenses han sido indebidamente obligados a subsidiar a la industria del aborto”, pero eso se acabó con su gobierno.

“Prometí defender la vida y, como presidente, es exactamente lo que he hecho”, dijo Trump, interrumpido por aplausos.

Para líderes conservadores y grupos afines, ya era hora de que la Administración Trump tomara pasos adicionales para defender la vida de los no nacidos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo hoy que el “Reglamento para Proteger la Vida” es otro punto a favor de la vida, y que los cambios en ciernes “protegerán a los no nacidos” y evitarán que los fondos de los contribuyentes se usen para apoyar a proveedores de abortos, como la organización “Planned Parenthood”.

Haciéndose eco de las explicaciones del HHS, Ryan dijo que los nuevos reglamentos “asegurarán que los proveedores de salud bajo el Título X no se vean obligados a escoger entre sus pacientes y su conciencia. Nos complace este progreso, y permanecemos firmes en nuestro compromiso por proteger la vida y la libertad religiosa”, afirmó Ryan.

Para defensores de los derechos reproductivos de la mujer, sin embargo, Trump y sus aliados no mencionan que grupos como Planned Parenthood llenan un vacío al ofrecer a las mujeres pobres servicios vitales, como exámenes físicos, talleres de información y educación, anticonceptivos, y pruebas de detección del cáncer, entre otros.

Bajo el “Título X”, los proveedores de planificación familiar reciben fondos sólo para servicios de salud reproductiva como anticonceptivos y pruebas de embarazo, pero los grupos conservadores han insistido en que esos fondos indirectamente apoyan el aborto si van a a parar a sitios como Planned Parenthood.

Planned Parenthood recibe anualmente una importante tajada del programa del “Título X”, que está dotado con unos $286 millones de dólares al año. Con el nuevo reglamento, Planned Parenthood tendría que buscar otras fuentes de ingresos si quiere continuar ofreciendo información sobre el acceso al aborto.

Ilyse Hogue, presidenta del grupo proaborto “NARAL”, condenó la idea de la Administración Trump de querer amordazar a los médicos, “al tratar de instruirles sobre lo que pueden o no pueden decirle a sus pacientes”, interfiriendo con su labor de educar a sus pacientes sobre sus asuntos de salud.

Hogue dijo que este reglamento limitará las opciones de las mujeres para resolver embarazos no deseados, pero instó a las votantes a que no olviden este ataque contra sus derechos y acudan a las urnas el próximo 6 de noviembre.

Aunque la “ley mordaza” es una victoria para los grupos conservadores, estos no han logrado que el Congreso apruebe una ley para prohibir los abortos después de las 20 semanas de gestación y para eliminar por completo los fondos para Planned Parenthood.

Cristina Jiménez, directora ejecutiva de “United We Dream”, afirmó que “los mismos políticos que impulsan la deportación masiva también son responsables de minar los derechos de las mujeres, y debemos frenarlos”. 

“Planned Parenthood provee servicios de cuidado de salud a las mujeres sin importar su estatus migratorio o condición socioeconómica, y para muchos de nuestros miembros, es una tabla de salvación… lucharemos junto con Planned Parenthood para asegurar que las mujeres y la gente en todo el país tenga acceso al cuidado de salud que necesitan y merecen”, prometió la activista.