Retraso en renovaciones de DACA “estrangula” a los inmigrantes y afecta a individuos y negocios

Una coalición de más de 120 directores ejecutivos de distintos sectores de la economía estadounidense hizo pública el viernes12 de junio una carta en la que se exige al gobierno federal agilizar las renovaciones estancadas de DACA, mientras retrasos en el procesamiento que ya superan los seis meses están obligando a los Dreamers a dejar sus empleos y perder sus ingresos.

La carta, publicada por la American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action) en el contexto d del 14 aniversario de DACA, insta a la administración federal y al Congreso a acelerar las renovaciones retrasadas, detener los arrestos y deportaciones de beneficiarios de DACA que cumplen con la ley, y aprobar legislación bipartidista, incluyendo el Dream Act en el Senado y el Dignity Act y el Dream and Promise Act en la Cámara de Representantes, para brindar una vía permanente de protección legal a los beneficiarios.

“La administración está expulsando silenciosa, pero deliberadamente, de la fuerza laboral a beneficiarios de DACA altamente evaluados, altamente capacitados y que llevan muchos años en este país”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de ABIC Action, durante una conferencia de prensa. “Esto no solo es cruel, sino que perjudica a las empresas estadounidenses y aumenta los costos para las familias trabajadoras”.

Entre las personas afectadas se encuentra un beneficiario de DACA que trabaja en gestión de inversiones y pidió ser identificado únicamente por su apellido, Jiménez. Lleva seis semanas en licencia sin sueldo mientras espera la renovación de su permiso, casi cuatro meses después de haber presentado su solicitud.

“Son seis semanas sin recibir un cheque de pago, seis semanas sin poder cubrir lo que considero mi hogar”, dijo Jiménez, quien ha vivido en Estados Unidos desde los dos años de edad. “Estoy agradecido con mi empleador y mis colegas por haber sido comprensivos y apoyarme durante este tiempo. Aun así, cada día tengo que recurrir a mis ahorros y no sé qué va a pasar”.

Según cifras citadas por ABIC Action, existen aproximadamente 1.7 millones de inmigrantes elegibles para DACA en Estados Unidos, quienes llegaron al país a una edad promedio de seis años.

Actualmente, el beneficiario promedio tiene 32 años y ha vivido en Estados Unidos durante 26 años. Además, la tasa de participación laboral entre los beneficiarios alcanza el 90 por ciento.

Los beneficiarios de DACA aportan aproximadamente 9,000 millones de dólares en impuestos cada año, 2,100 millones de dólares al Seguro Social y Medicare, y se proyecta que contribuirán cerca de 420,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) durante la próxima década.

Raúl Raymundo, director ejecutivo y cofundador de The Resurrection Project, afirmó que los retrasos reflejan una presión deliberada sobre los trabajadores inmigrantes más que un simple problema burocrático.

“El hecho de que ya no veamos en las noticias la brutalidad de las deportaciones masivas no significa que hayan dejado de ocurrir”, dijo Raymundo. “Están estrangulando a los inmigrantes: retrasando las renovaciones de DACA, por ejemplo, y obligando a otros a autodeportarse”.

Raymundo añadió que parte de la comunidad hispana respaldó a la administración actual en 2024 por sus promesas de reducir los precios, crear empleos y asegurar la frontera frente a personas con antecedentes criminales, no para obstaculizar a Dreamers que trabajan y contribuyen al país.

“Las encuestas muestran que, en todo el país, los votantes hispanos probablemente no respaldarán las tácticas actuales de esta administración”, dijo Raymundo.

Los retrasos están afectando especialmente a los proveedores de cuidado para adultos mayores. Deborah Herbert, directora ejecutiva de Monte Vista Grove Homes, una comunidad de atención integral para personas mayores con más de un siglo de historia en Pasadena, California, indicó que aproximadamente el 10% de su personal son beneficiarios de DACA, una proporción cada vez más importante a medida que envejece la población del país.

“Los retrasos en la aprobación de las renovaciones de DACA nos están obligando a retirar a empleados afectados de los horarios de trabajo”, explicó Herbert. “Nos resulta extremadamente difícil y, a menudo, imposible contratar personal nuevo con la rapidez suficiente para cubrir esos puestos, por lo que la atención a los adultos mayores se está viendo afectada directamente. Los empleados actuales están trabajando turnos dobles para cubrir la escasez de personal, y ese nivel de presión no es sostenible para los cuidadores, los residentes ni para la organización”.

En Texas, los retrasos tienen además implicaciones legales. Zak Galindo, empresario y exbeneficiario de DACA que recientemente obtuvo la residencia permanente, emplea a más de 70 trabajadores, incluidos barberos que necesitan licencias ocupacionales emitidas por el estado para ejercer.

Una nueva ley estatal exige demostrar estatus migratorio legal para renovar dichas licencias, lo que significa que los retrasos en el procesamiento de DACA impiden directamente que algunos trabajadores puedan continuar laborando.

“Estas personas están haciendo todo correctamente, están siguiendo las reglas y haciendo exactamente lo que se les pide, y aun así se encontraron con esta situación”, dijo Galindo. “La mayoría de los barberos trabajan como contratistas independientes. No tienen días por enfermedad ni beneficios, así que si no pueden trabajar, simplemente dejan de recibir ingresos”.

Shi citó investigaciones de la National Foundation of Sciences que muestran que por cada seis inmigrantes que salen de la fuerza laboral, un ciudadano estadounidense pierde su empleo debido a la contracción económica resultante.

Añadió que agilizar las renovaciones de DACA representa una medida relativamente sencilla para una administración que enfrenta presiones por su desempeño económico.

“La mayoría de las encuestas muestran que los estadounidenses apoyan la aprobación del Dream Act, sin importar su afiliación política”, dijo Raymundo. “Esta administración lo sabe. El Congreso lo sabe. Y van a pagar un costo político si no actúan este otoño”.

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