Activistas y religiosos piden el fin de “stop and frisk” en Chicago

Chicago.- Líderes religiosos y comunitarios realizaron un acto de desobediencia civil en la Alcaldía de Chicago para protestar por la supuesta brutalidad de la Policía local y exigir el fin del “stop and frisk” (detención y cacheo) que afectaría de manera desproporcionada a las minorías.

Con carteles, y coreando “Las vidas de negros y marrones” importan, decenas de activistas se congregaron en el quinto piso del edificio comunal, donde están las oficinas del alcalde, Rahm Emanuel, que lucha por combatir el “inaceptable” número de casos de violencia callejera y los homicidios que se registran en la ciudad.

“La Policía de Chicago siempre ha apuntado a las comunidades de color con el uso criminal de ‘stop and frisk’, el acoso y tiroteo de inocentes desarmados”, afirmó Antoine Jones, representante de ONE, una organización de vecindarios del norte de la ciudad.

Jones agregó que “la violencia de empequeñece las prácticas racistas previas a la era de los derechos civiles”, cincuenta años atrás.

Los manifestantes se hicieron eco de un estudio divulgado este lunes por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois, según el cual los policías de Chicago paran y cachean a más personas que los oficiales de Nueva York, donde se inició la controvertida práctica que fue declarada inconstitucional por una jueza federal en agosto de 2013.

El estudio indica que durante el verano de 2014, policías de Chicago realizaron más de 250.000 detenciones de civiles en las calles, en su mayoría afroamericanos y latinos, sin razón legal aparente.

“Esta estrategia criminaliza de manera desproporcionada a las comunidades de color y es una verdadera injusticia”, dijo Jones, quien exigió el fin de la aplicación de “políticas discriminatorias”.

El superintendente de policía, Garry McCarthy, declaró que en Chicago está “expresamente prohibido” el perfil racial u otro tipo de medida prejuiciosa, y que sus agentes han sido capacitados para cumplir con las políticas vigentes.

Según informó en una declaración escrita, los policías están obligados a cumplimentar una “tarjeta de contacto” cada vez que detienen a una persona en la calle, con la razón y si se trató de alguna sospecha de actividad criminal.

Esta información ha sido clave en la lucha contra la violencia callejera, en particular para combatir a las pandillas, agregó.

Los manifestantes pidieron una entrevista con el alcalde, y, al no ser atendidos, se acostaron frente a la entrada del despacho oficial y permanecieron allí durante unos treinta minutos antes de ser desalojados por los guardias.

Uno de ellos fue el salvadoreño Tito Moreno, de la Red de Liderazgo Religioso de Chicago, quien repudió la supuesta existencia de un sitio secreto de interrogatorios en la delegación policial Homan Square, donde los detenidos serían maltratados y desaparecerían durante días, sin contacto con abogados.

“Es un ejemplo más de la tortura y violencia que prevalece en la Policía durante el gobierno de Emanuel”, dijo a Efe.

“Debemos unirnos para defender a las víctimas del abuso policial”, agregó Moreno, quien escapó de su país en la década de 1980, “cuando operaban con impunidad cárceles clandestinas y escuadrones de la muerte”, declaró.

Sin embargo, la Policía negó que Homan Square sea un lugar secreto, sino que alberga la sede del Buró de Lucha contra el Crimen Organizado, del laboratorio de balística, de la unidad SWAT y de la Sección de Evidencias y Bienes Recuperados.

Kevin Anderson, de la organización FORCE, dijo que las comunidades de color son las “víctimas desproporcionadas” del abuso policial, pero sus consecuencias van más allá de las víctimas y sus familias.

Chicago ha pagado más de 500 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales por abusos y negligencia policial en los últimos diez años, “y eso es solamente la punta del iceberg”, afirmó.

Otros reclamos que pretendían hacer al alcalde eran la aprobación de una ordenanza municipal que establecería el pago de compensaciones a víctimas de tortura y maltrato policial, y la reforma del programa piloto sobre el uso de cámaras en los uniformes policiales.

Los activistas sostienen que las cámaras que graban en audio y vídeo la actuación de los agentes están pensadas para proteger a la Policía y no a los civiles.