Los “paraísos” que se perdieron por la narcoviolencia en México en 2016
Este año varios estados mexicanos que habían permanecido en calma fueron escenarios de un aumento de la violencia. Especialistas ven en ello una disputa por territorios entre bandas de narcotráfico y entre grupos dedicados al robo de combustible, entre otras razones
Durante décadas permanecieron en calma, incluso ajenos a la guerra contra el narcotráfico que ha causado miles de muertos en los últimos años en México.
En algunos casos ocuparon los primeros lugares en el Índice Nacional de Calidad de Vida, realizado cada dos años por la consultora Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).
La medición se basaba en la opinión de los habitantes de esos lugares, así como en datos oficiales. Los que tenían una evaluación más positiva se consideraban “los mejores lugares para vivir en México”.
Muchos eran más conocidos por el turismo en sus playas o pueblos coloniales, pero ahora han cambiado.
Son estados y ciudades de México en los que en 2016 aumentó la violencia a niveles que nunca habían padecido.
En algunos casos la inseguridad se debe a la disputa de cárteles del narcotráfico por nuevos territorios.
Pero en otros el problema son bandas de secuestradores o de robo de combustible.
Los casos más notorios son Colima, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca o Puebla,algunos de los principales centros turísticos del país y que además tuvieron un buen puntaje en la encuesta de la consultora GCE.
Hoy, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y organizaciones civiles, en esos lugares aumentó el número de homicidios y otros delitos.
Ante el repunte de la violencia en esas regiones la reacción de las autoridades resulta insuficiente, le dice a BBC Mundo el especialista en seguridad Alejandro Hope.
“Han seguido en la negación, la respuesta ha sido poco vigorosa. No fue sino hasta agosto que el presidente (Enrique Peña) reconoció la alerta”.
Pero las autoridades piensan distinto.
En la sesión más reciente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el pasado 20 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la delincuencia en el país bajó en los últimos años.
“Pusimos en marcha una política de seguridad basada en la coordinación, la corresponsabilidad y el uso intensivo de sistemas de inteligencia”, señaló.
“Las cifras muestran que esta estrategia ha funcionado”.
Guerra de cárteles
La capital de Colima, del mismo nombre, obtuvo el primer lugar en el estudio de GCE elaborado en 2014.
En la encuesta el primer elemento a evaluar es la percepción de seguridad de los ciudadanos, en el que la ciudad obtuvo el mejor puntaje.
Pero su realidad cambió en poco tiempo. Ahora los datos del SNSP indican que su tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes es de 52,4.
Es la más alta del país, incluso mayor a la que hasta el año pasado se consideró la población más peligrosa de México, Acapulco.
Detrás de estas cifras existe una disputa territorial de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, explica Hope.
Los grupos pretenden controlar el puerto de Manzanillo, Colima, uno de los sitios de entrada de precursores para drogas químicas según la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
Por ese lugar el desaparecido cartel de los Caballeros Templarios envió ilegalmente a China miles de toneladas de mineral de hierro.
La batalla por la zona es la razón central en el incremento de las muertes violentas en el estado.
“Chupaductos”
El narcotráfico es una de las razones en la violencia creciente en estados donde no se padecía esta.
“Se ha acelerado la fragmentación de grupos criminales de la mano con la campaña de descabezamiento de bandas”, dice el analista Alejandro Hope.
“Eso pudiera estar generando más disputas por territorio en más lugares”.
También existe una percepción de debilidad en el Cártel de Sinaloa, el más grande del país, después de la captura de uno de sus principales líderes, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por eso las hostilidades que sufre por parte de los restos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en estados como Zacatecas y Oaxaca, por ejemplo.
Y al mismo tiempo en EE.UU. existe una mayor demanda de heroína mexicana, lo cual altera el escenario en estados productores de amapola.
Pero sólo es parte de la explicación. En algunos lugares como Puebla, por ejemplo, el aumento de la delincuencia se asocia principalmente a las bandas de robo de combustible.
Los grupos de “chupaductos” o “huachicoleros”, como se les conoce en México, han tenido choques de violencia en esos estados.
El caso más reciente ocurrió este 26 de diciembre en comunidades de San Matías Talancalecan y San Martín Texmelucan, Puebla.
En 2010 en este lugar la extracción clandestina de combustible provocó una explosión que causó la muerte a 32 personas.
El robo de combustible es uno de los problemas más graves del país.
Según Petróleos Mexicanos (Pemex), por extracciones clandestinas cada día se pierden 150.000 litros de gasolina.
Estado “apetecible”
El robo de combustible afecta también a Guanajuato, pero su problema de inseguridad se debe también a otras razones.
Se encuentra en el centro de México al lado de zonas con presencia de carteles como Jalisco y Michoacán.
De hecho, algunas organizaciones como Caballeros Templarios y el CJNG mantienen grupos en municipios guanajuatenses.
Pero además la economía local creció 5% en promedio en los últimos años, el doble del aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En el estado existen industrias agrícolas y manufactureras, además de que su capital es una de las principales zonas turísticas de México.
Pero su auge económico es también un atractivo para los delincuentes, le dice a BBC Mundo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“La entidad es pujante, con empresas y empresarios apetecibles para la criminalidad”, explica.
De acuerdo con el SNSP, el mayor problema de Guanajuato es el robo con violencia.
En 2016 el promedio de denuncias por este delito es de 22,6 al día. El año pasado la cifra era de 17.
Pero la diferencia es que en la entidad funcionan mejor la fiscalía y las corporaciones policíacas, afirma Rivas.
Un caso muy distinto al de Colima. “Allí la procuración de justicia es opaca”, asegura.
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