Ya se viven cambios en tribunales de inmigración debido a orden de Trump

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump emitida esta semana ya comenzó a tener un efecto en casos pendientes de deportación en los tribunales migratorios, donde durante los últimos años del gobierno de Obama se cerraban miles de casos al año de indocumentados que no eran prioridad de deportación.

De acuerdo a reportes provenientes de varias cortes del país –proporcionados por abogados que acudieron este viernes a los tribunales en representación de clientes- en varias ciudades se informó que los fiscales de ICE ya no estarían aceptando o proponiendo el cierre de casos o de “prosecutorial discretion” (discreción procesal).

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Estos reportes llegaron directamente a nuestra redacción desde Los Ángeles, Miami, Buffalo (New York) y San Francisco, pero se espera que muy pronto se convierta en una orden concreta y por escrito de parte del Secretario de Seguridad Nacional (DHS) John Kelly, según indicaron fuentes de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA)

Solicitudes de información sobre el tema al Departamento de Seguridad Nacional hechos por este diario no recibieron respuesta el viernes.

Heather Drabek Prendergast, quien actúa como liga entre AILA y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dijo que aún no hay un documento  oficial para implementar las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca en la práctica diaria de los agentes de inmigración y las cortes, pero que los efectos ya se están sintiendo.

“Mis contactos en ICE me dicen que la mayoría de las oficinas regionales y abogados (fiscales) de la agencia dejarán de actuar al respecto mientras reciben instrucciones específicas de cómo aplicar las nuevas políticas”, dijo Drabek Prendergast. “Está claro que hay un cambio significativo en las prioridades, pero por el momento estamos en una situación cambiante”.

Gloria Weil Herrera, una abogada de inmigración en Los Ángeles, dijo que al llegar a la corte este viernes se les informó que los abogados de ICE no cerrarían ningún caso por “discreción procesal” y que los tribunales locales estaban esperando directivas más concretas de Washington D.C.

Herrera indicó que esto generó muchas preguntas de parte de los abogados que representan a inmigrantes en casos ante estos tribunales y que por el momento no han recibido respuesta.

“Lo que le estoy aconsejando a mis clientes es que no cometan la más mínima falta, porque Trump acaba de expandir lo que constituye un delito que llevaría a la deportación”, dijo la abogada. “Por ejemplo, quedarse más allá de la fecha de su visa ahora se considera una amenaza para la seguridad nacional y lo mismo el robo de identidad”.

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¿Qué es la discreción procesal?

La “discreción procesal” es un mecanismo que siempre ha existido y que se aplica por acuerdo entre los fiscales de ICE y los abogados defensores de un inmigrante para cerrar un caso de deportación y permitir que el individuo se quede en el país si su caso no es prioritario.

Un ejemplo de casos no prioritarios hasta ahora, es el de una persona con mucho tiempo en el país, sin delitos  y con lazos familiares aquí en Estados Unidos.

Según datos de TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, en el año fiscal 2017 se cerraron 24,303 casos de inmigrantes en proceso de deportación que estaban siendo procesados únicamente por cargos migratorios (no penales). Solo en Los Ángeles se cerraron 3,891 casos en ese período de tiempo.

No se sabe aún cuál será el futuro final del proceso de “discreción procesal”, pero la orden ejecutiva dictada por Trump esta semana dice que “No podemos ejecutar las leyes de inmigración si eximimos a clases o categorías de extranjeros deportables”.  Esto parece indicar que no va a haber demasiadas “excepciones”, a pesar que Trump había insistido en que se deportaría primordialmente a delincuentes.

Paul Schmidt, un juez de inmigración recientemente retirado que encabezó la Junta de Apelaciones de Inmigración en Arlington, Virginia durante ocho años, dijo que si se limita o elimina la “discreción procesal”, el retraso en las cortes de inmigración empeoraría y sería aún más difícil acelerar la expulsión de personas verdaderamente peligrosas.

“Este sistema era bueno porque quitaba  los casos de baja prioridad de encima de la mesa de los jueces y así podían concentrarse en casos más importantes”, dijo Schmidt. “Muchos de estos inmigrantes cuyos casos se cerraron son personas con buen record, vidas productivas, que han pagado impuestos, etc”.