Acusan a Patrulla Fronteriza de hacer con joven DACA una deportación extrajudicial
El silencio duante dos meses, en los que CBP no entregó ninguna explicación documental o legal sobre la deportación de Juan Manuel Montes y las dos versiones diferentes ocurridas esta semana tras la presentación de una demanda pública, dejan muchas dudas sobre lo que pasó realmente.
Abogados que representan al “dreamer” Juan Manuel Montes, el primer deportado con DACA cuya expulsión está en el ojo del huracán, acusaron a la Patrulla Fronteriza de mentir para esconder una posible deportación extrajudicial, es decir, sin seguir las reglas legales.
La deportación de Montes, que ocurrió en febrero, salió a la luz esta semana cuando abogados del National Immigration Law Center, una ONG que lleva a cabo casos sobre leyes migratorias, demandaron al gobierno estadounidense pidiendo el archivo del caso.
Este jueves, la directora legal de NILC Karen Tumlin, explicó que los abogados llevan dos meses tratando de obtener una explicación completa y documentación del gobierno, para explicar la decisión de deportar a Montes, de 23 años y que tenía un DACA vigente hasta 2018.
Al no obtener ninguna explicación, copia del archivo o documentación, decidieron presentar este martes una demanda federal bajo FOIA, la ley de récords federales públicos. Así el caso salió a la luz, y CBP dio las explicaciones públicas, que han sido conflictivas.
“Todo este tiempo hemos estado pidiendo el archivo del caso de Juan Manuel para determinar exactamente cómo y por qué fue deportado”, dijo Tumlin. “Hasta ahora lo único que habíamos obtenido es silencio, excepto ahora los medios de comunicación están preguntando y CPB ha dado explicaciones contradictorias”.
Tal y como La Opinión lo reportó este martes, inicialmente CPB (Protección Fronteriza y Aduanas, la Patrulla Fronteriza) explicó a los medios que habían revisado el archivo de Montes y visto que no tenía su DACA al corriente y por eso fue deportado.
Pero menos de 24 horas después, CBP cambió la versión y dijo que el muchacho fue arrestado tratando de colarse por la frontera, por lo que lo deportaron, explicando que, al salir del país sin permiso, un “dacamentado” pierde su estatus.
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El único problema con esa explicación es que el joven y su familia dicen que es mentira, y que el gobierno está escondiendo que el muchacho fue deportado unos días antes de la fecha que dice CBP, sin mediar proceso, juez o justificación legal.
Según esa versión de los hechos, Juan Manuel estaba caminando en Calexico -una ciudad en el sur de California, fronteriza con México- hacia una parada de taxis tras visitar a un amigo el pasado 17 de febrero. El joven se había dejado su cartera con un amigo y no tenía documentación encima cuando un agente de la Patrulla Fronteriza en bicicleta lo paró por la calle y le pidió papeles.
Alegan que el agente inmediatamente lo detuvo y lo llevó a una oficina de la Patrulla, donde le dijeron que firmara unos documentos y, sin permitirle ver a un juez o llamar a un abogado-y sin copias de los documentos firmados- lo expulsaron hacia Mexicali.
Tras estar en Mexicali un par de días y ser asaltado y golpeado en la calle, el joven intentó regresar colándose por la frontera, pero luego sintió temor y se entregó a la Patrulla. Fue allí que lo interrogaron y lo deportaron. Esta es la única deportación de la que CBP dice tener un papel.
CBP dijo este miércoles en un comunicado a los medios de comunicación que : “El señor Montes-Bojórquez perdió su estatus DACA cuando salió del país sin permiso en una fecha no determinada anterior a su arresto por la Patrulla Fronteriza en febrero 19 de 2017”.
DHS también niega tener constancia alguna de haber sacado a Montes-Bojórquez dos días antes, que es lo que argumentan sus abogados que ocurrió.
“Estamos viendo un patrón y práctica de CBP de no decir la verdad”, dijo Tumlin. “No sería la primera vez que esto ocurre. Hace algún tiempo ACLU demandó a la agencia por deportaciones extrajudiciales y un juez ordenó el regreso de deportados, así que no nos extrañaría”.
Entretanto, United We Dream circula una petición al secretario John Kelly para que le permitan a Juan regresar a Estados Unidos. La organización activista también realizó protestas este miércoles frente a las oficinas de DHS en Washington DC y en Florida.
“La Patrulla Fronteriza está mintiendo, y no es la primera vez”
En menos de 24 horas, la petición logró 25,000 firmas, dijo Greisa Martinez, directora de política para United We Dream, organización de jóvenes dreamers.
Martínez cree que las autoridades migratorias han actuado deshonestamente y fuera del estado de derecho en otros casos de dreamers detenidos, como en el de Danny Vargas, la joven argentina detenida Mississippi y Daniel Ramirez, el joven DACA detenido en el estado de Washington y de quien afirmaban que había abandonado su estatus al confesar una afiliación pandilleril que luego nunca pudieron probar.
Los procesos legales en esos casos aún están pendientes.
“Están mintiendo sobre Juan Manuel, los agentes de Trump están mintiendo”, dijo Martínez. “En general, sentimos que han mentido sobre la seguridad de los jóvenes con DACA de quien Trump dijo estarían seguros. Hace un par de días el secretario de seguridad nacional John Kelly dijo que los críticos debían callar. No nos vamos a callar”.
No sería la primera vez que las autoridades migratorias estadounidenses hacen deportaciones en violación a los procesos debidos según sus propios reglamentos y la constitución.
John Michael Torres, coordinador de comunicaciones de la Union del Pueblo Entero o LUPE, un grupo comunitario del Rio Grande Valley en Texas, dijo que en su región es común que la gente resulte deportada solo por andar por la calle y encontrarse con un Patrullero Fronterizo.
“Esto pasa con regularidad en la zona fronteriza”, explicó Torres. “Recientemente la patrulla entró a un parque donde se llevaba a cabo un juego de beisbol y se llevaron a una mamá con su hijo. El otro día me pararon a mí y cuando pregunté por qué, me dijeron que porque estaba manejando detrás de alguien que estaban investigando”.
Los tribunales federales también han fallado contra las autoridades migratorias en demandas por deportaciones ilegales o que no siguen el proceso debido.
Hace apenas tres años, en 2014, el gobierno acordó a cambiar sus procesos de “deportación voluntaria” tras la demanda Lopez Venegas vs Johnson, que alegó que los agentes fronterizos coaccionaban, presionaban y escondían información para deportar más rápidamente a migrantes.
Como resultado de ese acuerdo, varios migrantes que habían sido deportados pudieron regresar a Estados Unidos.
Tumlin, quien ha viajado a México para entrevistarse con Juan Manuel y ha hablado con el en muchas ocasiones desde su deportación, dijo que su caso le recuerda a muchos otros que ha conocido en 10 años de trabajo legal con inmigrantes.
“En vez de darles documentos que puedan entender, les ponen un documento legal en inglés y los presionan diciendo “firme aquí, firme aquí”, los presionan a acceder a ser deportados sin que quede apenas un récord o sin oportunidad de ver un juez”, dijo Tumlin.
Tras esa demanda, el gobierno se comprometió a cambiar substancialmente el proceso de deportación en la frontera.
