California, Nueva York reciben fuerte advertencia del DOJ: perderán fondos por ciudades ‘santuario’
Muchas ciudades de ambos estados aseguran que ICE no tendrá acceso a sus cárceles
El Departamento de Justicia lanzó una fuerte advertencia el viernes contra las llamadas ciudades “santuario”, enviando cartas a ocho jurisdicciones pidiendo pruebas de que están cooperando con la aplicación de la ley de inmigración, e indicando que si no acatan con los reglamentos, están en riesgo de perder concesiones federales.
Las cartas fueron enviadas al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, así como a funcionarios en Chicago, Nueva Orleans, Filadelfia, Las Vegas, Miami, Milwaukee y Nueva York.
Todos estos estados tienen leyes o políticas que restringen la capacidad de autoridades locales y de las cárceles estatales para entregar a las personas que se encuentran en el país ilegalmente a los funcionarios federales de inmigración.
Las “ciudades santuario” surgieron como reacción a las políticas migratorias de la era de Obama, durante la cual reclutaron a la policía local para hacer cumplir la ley de inmigración. Estas municipalidades han sido objeto de fuertes ataques por parte del presidente Donald Trump, así como el fiscal general Jeff Sessions.
En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que las ciudades están “desmoronándose bajo el peso de la inmigración ilegal y el crimen violento”, mencionando un aumento en los asesinatos de Chicago y la violencia de pandillas en la ciudad de Nueva York.
“Y justo hace varias semanas en el área de la Bahía de California, después que un operativo capturó a 11 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por cargos como asesinato, extorsión y tráfico de drogas, los funcionarios de la ciudad parecían más preocupados con tranquilizar a los inmigrantes ilegales [sic] informando que la incursión no estaba relacionada con la inmigración, en lugar de advertir a los residentes sobre los pandilleros de la MS-13 que vivían a sus alrededores”, explicó el comunicado.
Las cartas dicen que una falta de cooperación podría resultar en la pérdida de fondos federales.
Bajo la misiva enviadas, los procuradores de cada una de las jurisdicciones tienen hasta el 30 de junio para enviar evidencia al Departamento de Justicia de EEUU que compruebe su cumplimiento en la ley migratoria de 1996, la cual prohíbe que autoridades locales implementen políticas que no permitan desglosar el estatus migratorio de personas detenidas a agentes federales.
El departamento entrega $2.2 mil millones de dólares cada año a las localidades para apoyar los esfuerzos contra la delincuencia.
Algunas ciudades ya han comenzado un esfuerzo para resistir la presión de la administración de Trump. Seattle ya ha presentado una demanda federal solicitando a un tribunal que declare que puede negarse a ayudar a la nueva represión de la inmigración.
