Editorial: Política errada en inmigración

Un sistema de inmigración justo tiene que estar orientado a deportar a quien merece ser deportado y a permitir la estancia a quien cumple con los requisitos como para quedarse.

El drástico aumento en el número de arrestos por parte de la Agencia para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desequilibra más un proceso de deportación en perjuicio de las personas que tienen motivos para no ser expulsados del país.

Un sistema de inmigración justo tiene que estar orientado a deportar a quien merece ser deportado y a permitir la estancia a quien cumple con los requisitos como para quedarse. Esto no está ocurriendo con la política migratoria del presidente Donald Trump.

Un reporte de ICE mostró que en los primeros 100 días de la administración Trump realizó 41,329, detenciones, más del 37% que el año pasado en el mismo período.

Cerca de 11,000 de ellos fueron personas que no tenían récord criminal. Esta cifra representa un incremento de 150% en cuanto al arrestos de este tipo de individuos.

Estos son los indocumentados que no son buscados pero caen en la red. ICE mantiene que la prioridad son los convictos peligrosos, pero agrega que la ley dice que debe arrestar a cualquier persona que se le cruza sin papeles.

Al inicio de esta agresiva política migratoria ya había un retraso de más de millón de casos en los tribunales de inmigración. La Casa Blanca amplió la política de deportación expedita y estableció un proceso para reducir los casos que avanzan a los tribunales de inmigración. De todas maneras, el atraso de casos creció a 585,930. El promedio de espera para llegar al juez es de dos años, pero dependiendo de la jurisdicción puede llegar a cuatro.

La presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, Dana Marks, asegura que el retraso eventualmente daña casos que tienen méritos para evitar la deportación y desalienta a la gente que tiene argumentos válidos para quedarse.

El presupuesto de la administración Trump aumenta la cantidad de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza. En cuanto a los jueces se propuso agregar 75 magistrados de inmigración a los 318 actuales. Una cantidad mucho menor para poder suplir la demanda actual.

Es preocupante que la Casa Blanca, según lo describió en la solicitud de fondos para los magistrados de inmigración, vea que la misión de estos jueces sea “combatir la entrada y la presencia ilegal en EEUU”.

El criterio para seleccionar estos jueces debe ser su imparcialidad para evaluar los casos, no su rapidez para deportar. Deben estar provistos de estructura para operar ante el aumento de casos.

Según la jueza Marks, la situación de los tribunales de inmigración es equivalente a “manejar casos de pena de muerte en cortes de tránsito” por la falta de recursos.

El sistema judicial de inmigración ya es injusto por negar al detenido el derecho a representación legal que goza el acusado del peor delito imaginable en un tribunal regular. Es necesario cambiar estas reglas y darle la prioridad que merecen a los tribunales en esta era de aprehensión

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