Jueces de inmigración frustrados por uso político de su trabajo, dice lider gremial
Parte de la razón por la cual Trump ha podido arrestar pero no deportar a más personas, es porque los tribunales de inmigración no se dan abasto. Una razón es la falta de recursos y el uso político del tema, que no permite a los magistrados "actuar de manera eficiente" explica presidenta de Asociación de Jueces.
El gobierno de Donald Trump celebró recientemente que las detenciones de inmigrantes para deportarlos aumentaron en 38% respecto al año pasado, no obstante, no hubo tantas celebraciones en torno a un hecho: las deportaciones han disminuido. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional hacía esfuerzos para arrestar a 400 personas al día, y aumentar el conteo de personas bajo custodia de ICE (Agencia de Inmigración y Aduana), menos personas estaban siendo deportadas.
La razón: los retrasos en las cortes de inmigración y los constantes cambios en prioridades establecidos por el Departamento de Justicia que no permiten a los jueces decidir como organizan los casos.
Dana Leigh Marks es presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración y, personalmente, es jueza de inmigración en San Francisco. Leigh Marks dijo esta semana a La Opinion que las cortes de inmigración siguen abrumadas, y que recientes contrataciones de jueces no han ayudado mucho.
“Las cortes no tienen los recursos para manejar el volumen de casos que están entrando en las cortes”, dijo Marks.
Marks, que habla en su capacidad de presidenta de la organización de jueces, dijo que es por eso que existe la necesidad de establecer prioridades claras a la hora de aplicar las leyes de inmigración, dependiendo de los recursos existentes.
La mayor frustración de los jueces, sin embargo, es el “uso político” de sus cargos, agregó la líder, al referirse a las órdenes que vienen de arriba, del procurador de justicia que es realmente el que maneja las cortes de inmigración.
Por ejemplo, el procurador Jeff Sessions cambió las prioridades que deben seguir los jueces, como también en su tiempo lo hizo Obama, y por tanto, “los jueces no pueden ser libres de ser jueces y organizar sus casos de la forma más eficiente para que se muevan como debe ser”, dijo Marks.
Por ejemplo, la actual administración ha movido a jueces de sus cortes en el interior, a tribunales cerca de la frontera. Al mismo tiempo, están entrando muchos más casos a las cortes, creando un embudo que retrasa el funcionamiento de las cortes en general.
“Una de las más grandes frustraciones de los jueces es que los usen como instrumentos políticos”, dijo Marks. “La única consideración debería ser el aspecto legal y si los casos están listos para seguir adelante”.
Los retrasos en corte de inmigración no han hecho más que aumentar durante los primeros meses del gobierno de Donald Trump y en estos momentos hay tribunales -como San Francisco, donde una persona debe esperar hasta cinco años para obtener una audiencia.
Según el más reciente análisis de los datos de Tribunales de Inmigración dado a conocer esta semana por TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, el promedio nacional de espera para una audiencia es de casi dos años, a menos que la persona esté detenida, sea un menor no acompañado o esté libre bajo fianza como resultado del caso Rodríguez, ahora pendiente ante la Corte Suprema.
En nueve de los casi 60 tribunales del país, la espera es de cuatro años o más, lo que quiere decir que los casos no comenzarían a verse hasta que termine el primer período de gobierno de Donald Trump.
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Muchos de los recién arrestados son personas que todavía deben pasar por tribunales de inmigración o tienen derecho a audiencias, creando aún más tensión dentro de los tribunales migratorios.
El nuevo presupuesto de Donald Trump para el departamento de justicia incluye fondos para 75 nuevos jueces de inmigración y 375 personal de apoyo para estos. Pero la contratación de jueces es un proceso lento y aún después de contratados, toma tiempo para que realmente sean productivos y puedan aprender el trabajo, explicó Marks.
Actualmente, las cortes de inmigración tienen autorización para contratar a 384 jueces y solamente tienen unos 318 porque los jueces veteranos se están retirando a un paso acelerado y no pueden reponerlos con la rapidez necesaria.
Otra fuente del mundo legal que habló bajo condición de anonimato dijo que el aumento en arrestos es “poner el techo en la casa antes de la fundación”.
“No deberían aumentar los arrestos antes que las cortes están listas para manejarlos”, dijo la fuente. “Existe en el gobierno una negativa de manejar esto en forma lógica y reconocer las realidades”.
Estas y otras fuentes han predicho el colapso de las cortes de inmigración, a menos que estás se independicen del departamento de justicia y se conviertan en cortes independientes, como las penales o civiles.
