El gobierno estadounidense invirtió 20 años en el proceso de deportación más largo de la historia

Críticos acusan a Donald Trump de usar el sistema migratorio y de deportación para fines políticos: excluir a ciertos musulmanes o criminalizar a inmigrantes mexicanos, pero hace poco menos de un siglo, Estados Unidos utilizó el mismo sistema para perseguir a personajes cuyo gobierno de turno consideraba problemáticos.

Uno de dichos personajes fue Harry Bridges, el líder sindical más poderoso que tuvo Estados Unidos en el siglo XX, un australiano que lideró con tácticas agresivas la primera huelga general de estibadores y de trabajadores en general en San Francisco.

En los años treinta y cuarenta del siglo pasado, el gobierno de Estados Unidos movió cielo y tierra para deportar a Bridges, alegando que era comunista y moviendo las cortes de inmigración del Departamento del Trabajo al lugar donde están hoy, el Departamento de Justicia.

“El objetivo era poner al FBI y a su líder Edgar J. Hoover, a cargo de la lucha contra Bridges”, explicó en una entrevista con La Opinion el abogado Peter Afrasiabi, un laureado experto legal que acaba de escribir un libro sobre la saga.

Durante 20 años y cinco juicios diferentes, Estados Unidos trató de deportar a Bridges de regreso  a Australia. Líderes de corporaciones se unieron con congresistas y con diversos presidentes para expulsar al líder sindical, que les molestaba por su capacidad organizativa de los trabajadores.

No lo lograron: la independencia judicial de Estados Unidos intervino y la Corte Suprema tuvo la última palabra en 1945, en favor de Bridges.

Afrasiabi considera que esta historia es relevante para lo que está ocurriendo hoy en día con el sistema migratorio y el actual presidente.

“Todo empezó porque un líder sindical radical y efectivo, que emergió durante la Gran Depresión en Estados Unidos, llevó a una revolución en derechos sindicales”, dijo Afrasiabi. “Las asociaciones de empleadores y dueños de barcos conspiraron con políticos para decir que era comunista y que debía ser deportado”.

“El proceso duró dos décadas, y el poder ejecutivo de Estados Unidos, el Departamento de Justicia usó su inmenso poder sobre el sistema migratorio para ponerlo en cinco diferentes procesos, pero las cortes al final dijeron: esto no se puede hacer”, explica el abogado-escritor.

Para Afrasiabi, Estados Unidos está viviendo de nuevo las batallas que se libraron durante la guerra fría, pero esta vez el objetivo es atacar a ciertos inmigrantes que satisfacen las necesidades políticas del presidente de turno.

“El abuso de personas en el sistema migratorio, por parte del ejecutivo, implicó una gran inversión de recursos, más bien desperdicio de recursos. Esa debería ser una lección, pero estamos viendo de nuevo lo mismo el día de hoy”.

Estados Unidos trata a la propiedad mejor que a los inmigrantes

Como director de la clínica legal de litigación de la Universidad de California, Irvine, Afrasiabi pasa parte de su tiempo ofreciendo su ayuda gratis en casos de asilo y otros casos migratorios. El resto del tiempo, es un abogado involucrado en derechos de propiedad.

Comparando ambos sistemas legales: el migratorio -que no es judicial, sino parte del ejecutivo- y el sistema penal regular,  “la propiedad en este país tiene más protecciones y derechos que un inmigrante en el tribunal”.

“Si uno compara el trato que se da a seres humanos en el tribunal migratorio, donde no tienen derecho a un abogado, ni a un juicio, al que se da a la propiedad en disputa  en tribunales civiles o a criminales en el sistema penal, los inmigrantes llevan las de perder”, dijo el experto.

En el sistema civil, si tu pierdes una audiencia por alguna razón, no pierdes el caso, explica Afrasiabi. Si como inmigrante no te presentas a tu audiencia de deportación porque se te rompió el carro, por ejemplo,  no tienes perdón, te pueden deportar en ausencia.

A lo largo de los años, intentos políticos de endurecer las leyes migratorias han socavado cada vez más las defensas de los inmigrantes en las cortes.

Parte de eso, argumenta, tiene que ver con el uso político que se da al sistema migratorio y que los jueces de inmigración no son abogados de larga experiencia, nombrados a un puesto y con mecanismos de control, sino “nombramientos políticos” que no tienen que responder a nadie más que al poder ejecutivo.

“La inmigración es una herramienta política para dividir y los políticos la usan muy a menudo”, explica. “Pero lo malo es que las víctimas de ese sistema no tienen tanta gente o lobby que los defienda”.