En condados “no santuario”, manejar sin licencia aún resulta en la deportación

Mientras en las ciudades y condados santuario, las políticas locales limitan la cooperación con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), hay lugares del país donde una simple infracción de tráfico se convierte en un boleto directo a las manos de las autoridades migratorias.

Miami-Dade, el condado que incluye a la ciudad de Miami en Florida, es el más reciente en ser objeto de una demanda judicial que alega que las autoridades locales violan la constitución federal cuando colaboran con las órdenes de ICE.

Una de los demandantes fue identificada como CFC, una madre de ocho hijos que fue arrestada tras un pequeño accidente de tráfico en el estacionamiento de un supermercado poco antes del día de la madre.  Tras el incidente, la policía acudió al lugar de los hechos y arrestó a CFC por no tener licencia.

Poco después, CFC salió bajo fianza, pero ya la había identificado y enviado un “detainer” (orden de detención de ICE) al condado, que volvió a arrestarla para transferirla a las autoridades migratorias. CFC lleva más de 60 días detenida. 

Algo similar ocurrió con SCC, el dueño de un negocio de jardinería que empleaba a una docena de personas antes de ser arrestado por no tener licencia de manejar y luego entregado a ICE  de una manera similar.

Según estudios realizados por activistas del sur de Florida, al menos una persona al día cae en manos de ICE de esta manera. Este tipo de situaciones no ocurre en condados y estados santuario, que no responden a los “detainers” u órdenes de arresto de ICE a menos que se trate de personas convictas de un delito grave.

Maria Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición para Inmigrantes de Florida dijo que el condado de Miami-Dade tiene la obligación de respetar la constitución.

En otras demandas similares alrededor del país, varios jueces federales han dictaminado que los detainers mismos son inconstitucionales o que la detención prolongada de inmigrantes para entregarlos a ICE viola sus derechos.

“En el caso de Miami-Dade, no importa que tan pequeña sea la infracción”, dijo Rodríguez. “A menudo el resultado es la deportación”.

Oscar Londoño, abogado del Community Justice Project dijo que la demanda alega la violación de las enmiendas cuatro y catorce de la constitución estadounidense y piden la suspensión de la práctica y el pago de daños y perjuicios contra lo que se estima pueden ser al menos 1000 personas.

Alegaron activistas que si no se detiene la cooperación con ICE de uno de los condados más poblados por inmigrantes en todo el país, cientos de miles de personas serán más vulnerables que nunca, particularmente beneficiarios de TPS que perderán su estatus en los próximos meses.