La dura labor de parto en los hospitales públicos de México

MEXICO – Tenía tres meses de embarazo cuando Romina llegó a la sala urgencias del servicio público de la Ciudad de México. No tenía opción. Los hospitales privados le hubieran cobrado 4,500 dólares, un dinero que no tenía cuando lo sangrados se volvieron cada vez más abundantes.

El médico le dijo que era amenaza de aborto y le recomendó un legrado aún sin estudios de ningún tipo. “Si le hubiera hecho caso ahora sería madre sólo de una niña y no de dos”, recuerda con molestia.

Romina, cuyo nombre real permanece en el anonimato, forma parte de un estudio que realizaron en conjunto el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social (CIESAS-Unidad Sureste), Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, A.C. (ACAS. A.C.) y el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) con miras de cambiar practicas de violencia obstétrica y en el parto.

Ella solicitó que se le realizara un ultrasonido para tomar una decisión, pero le dijeron que “no había quién lo hiciera”. Tuvo que esperar toda la noche en la clínica, con diarreas, sin alimento ni agua. En medio del suplicio vio cuando otra mujer  “recomendada” sí pudo ser atendida.  “A esa señora no la hicieron esperar”.

Como sea logró evitar que le practicaran un aborto y siguió adelante con la ilusión de volver a ser madre sin saber que no había terminado la mala atención y la falta de calidad.

Hilda Eugenia Argüello, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, afirma que los problemas de falta de respeto y maltrato que enfrentan mujeres embarazadas en los hospitales se agudizaron desde que hubo modificaciones legales en 2010, cuando el gobierno pretendió mejorar los servicios de atención pública ginecológica y obstétrica.

“Querían dar  atención de personal calificado: médicos, enfermeras, y se excluyó a las parteras o comadronas de tal manera que el servicio fuera sólo hospitalario, pero eso saturó los hospitales publicos ––en todo el país se atienden  cerca de dos millones al año–– porque antes las embarazadas tenían la opción de ir a los centros de salud pero ahí ya no pueden atender partos”.

El estudio, por otro lado, observa que hay una falta de conocimiento por parte del personal médico de las normas oficiales  ––desde protocolos de actuación en emergencias a cómo tratar a las pacientes–– además de descuidos.

En el caso de Romina, por ejemplo, una de las ginecólogas que la atendió le hizo un tacto sin guantes, con las uñas de acrílico postizas color lila con incrustaciones de piedra que combinaban con su bata.

“Fue muy doloroso”, recuerda. “Por supuesto que me fui a quejar pero después no me querían programar mi cesárea (ella era la responsable de agendarlas). Tuve que rogarle que me diera una fecha y me tuvo que acompañar otro médico porque no quería: seguramente alguien le dijo de mi queja”.

A la hora del parto y ano hubo problemas. Pero pudo haberlo. Argüello destaca que aunque las normas recomiendan ciertas prácticas que mejoran la salud materna y la calidad del alumbramiento, no se aplican.

No se da agua a las pacientes, se les suministra oxitocina antes de que el bebé saque la cabeza y no después aunque esto reduce los riesgos de hemorragia, no se incita a caminar a las mujeres ni se les permite parir en la posición que les dé la gana. Mucho menos ser acompañadas por un familiar.

Las recomendaciones, por tanto, son muy simples, aunque implican “todo un reto”, concluyen las organizaciones que, tras el estudio, empujan la campaña “Por un parto seguro”. Incluye capacitar constantemente al personal médico para conocer las normas; volver a autorizar la atención de urgencias y partos en clínicas (no sólo hospitales especializados) y la participación de parteras profesionales. “Esperemos que el nuevo gobierno tenga sensibilidad”.

QUEJAS

–          8 de cada 10 mujeres que atendieron su parto en el sistema de salud público, no se les permitió beber agua durante el trabajo de parto y no tuvieron compañía.

–          6 de cada 10 recibieron explicaciones médicas difíciles de entender.

–          3 de cada 10 se sintieron maltratadas, regañadas o humilladas durante la atención del embarazo y el parto, no se sintieron seguras con la atención que recibieron o esperaron mucho tiempo para recibir a su bebé después del parto.

–          2 de cada 10 mujeres no sintieron confianza con el personal médico que las atendió o fueron rechazadas en el primer hospital donde buscaron atención.

–          Algunas  recibieron hasta 20 tactos vaginales para conocer su dilatación. Muchos de estos fueron realizados como “práctica” por médicos pasantes, sin su consentimiento.