Fiscales de 10 estados tratan de bloquear la fusión de T-Mobile y Sprint

Liderados por la titular de Nueva York, Letitia James, argumentan que las operadoras tienen incentivos para subir precios

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante el anuncio de la demanda multiestatal para parar la fusión de Sprint y T-Mobile./ Drew Angerer/Getty Images

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante el anuncio de la demanda multiestatal para parar la fusión de Sprint y T-Mobile./ Drew Angerer/Getty Images Crédito: Getty Images

Hasta 10 fiscales generales de estados, liderados por Letitia James y Xavier Becerra, de Nueva York y California respectivamente, han presentado una moción para detener la fusión valorada en $26,000 millones entre las grandes empresas de telefonía móvil T-Mobile y Sprint.

La unión entre la tercera y la cuarta operadora de telefonía móvil aún tiene que recibir el visto bueno de la Administración pero con esta acción, instada ante un tribunal de Nueva York se trata de bloquear una transacción que según los fiscales eliminará para los consumidores los beneficios de la competencia y elevará los precios de los servicios de telefonía.

“Cuando se trata de poder corporativo, grande no siempre es mejor”, explicaba el martes James. Para esta fiscal la fusión de ambas compañías no solo causaría un daño irreparable a los suscriptores nacionales cortando accesos a servicios asequibles, además afectaría a las comunidades de bajos ingresos y minorías en la ciudad de Nueva York y otras áreas urbanas. Becerra también hizo mención a que habrá menos opciones y precios más altos, motivo por el cual estos dos estados junto con Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Maryland, Michigan, Mississippi, Virginia y Wisconsin han entablado esta acción.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, dijo hace unas semanas que estaba a favor de este acuerdo que dejaría a un país de más de 300 millones de habitantes con apenas tres grandes empresas en este pujante sector.

Los fiscales argumentan que hogares dedican aproximadamente unos $1,100 anuales en servicios de telefonía celular y para las familias de bajos recursos cualquier incremento en el precio puede suponer la necesidad de mantener el teléfono a costa de otros gastos o cancelarlo, algo que complica mucho la vida dado que se ha integrado el sistema celular en buena parte de las relaciones humanas, administrativas y domésticas.

En el escrito ante el tribunal los fiscales explican que ha sido la competencia entre estas dos empresas las que ha permitido que los precios hayan ido a la baja para los consumidores y explican que esto es mejor que una declaración de que no van a subirlos en el futuro.

Más allá de desconfiar de este escenario los fiscales advierten que si la fusión sigue adelante la empresa tiene tanto el poder como el incentivo de subir precios y rebajar la calidad. Aunque ambas compañías se han comprometido a proveer servicios en áreas rurales y que tengan acceso a la telefonía 5G, aún no se han proporcionado los planes para ello.

Al cierre de esta edición Sprint no había contestado a los e mails solicitando comentarios sobre esta acción.

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