Acceso al agua: una cuestión racial en Estados Unidos

Cuando se trata de acceso a agua potable, “la raza sigue siendo el determinante más fuerte”, según un informe reciente que encontró que más de 2 millones de personas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, no tienen acceso a agua corriente y alcantarillado básico.

La organización sin fines de lucro de derechos humanos Dig Deep junto con la Alianza del Agua de EE.UU., una organización sin fines de lucro dedicada a promover la inversión en infraestructura hídrica, publicó este mes el nuevo estimado en un informe llamado “Cerrando la brecha de acceso al agua en Estados Unidos”.

George McGraw, quien coescribió el informe y es el director ejecutivo de Dig Deep, consideró la falta de acceso al agua como una “crisis silenciosa”, especialmente en las comunidades de minorías como la latina.

Según el informe, los hogares latinos y afroestadounidenses tienen el doble de probabilidades que los hogares blancos de no tener plomería interior, mientras que los nativos americanos tienen 19 veces más probabilidades.

Aunque estas comunidades pueden sentir que sus problemas de agua son específicos y aislados, el informe insta a considerar el problema como una crisis nacional y a abordarlo a través de una combinación de factores: no solo se necesita más financiamiento del gobierno, sino alentar a asociaciones con grupos y métodos de financiamiento flexibles a proporcionar a las familias la infraestructura necesaria a nivel del hogar.

Una historia de acceso desigual

En las áreas a lo largo de la frontera de Texas, así como en las zonas rurales de Puerto Rico, la falta de agua potable y tuberías interiores se remonta a las generaciones de comunidades que se construyeron informalmente en áreas remotas lejos de la red de infraestructura.

En algunas de las “colonias” de Texas, como se les llama, familias de bajos ingresos pensaron que eventualmente obtendrían agua cuando construyeran sus parcelas.

Hace un siglo, el gobierno de EE.UU. respondió rápidamente a las preocupaciones de salud pública invirtiendo en sistemas de agua que brindaban servicios seguros de agua potable y aguas residuales a los estadounidenses, después de que las enfermedades transmitidas por el agua como el cólera se encontraran entre las principales causas de muerte de la nación.

“Pero cuando dijimos a todos, nos referimos a los blancos”, dijo McGraw, y agregó que muchas comunidades pobres, indígenas e inmigrantes fueron excluidas de las iniciativas de acceso al agua.

Actualmente existen múltiples razones por las cuales las diferentes comunidades aún no tienen acceso al agua.

Además de los presupuestos limitados del gobierno federal y local, la mayoría de los residentes en estas áreas son demasiado pobres para pagar los sistemas de actualización.

Las regulaciones y permisos complicados, así como la desconfianza entre los residentes y las agencias gubernamentales también han contribuido a la crisis.

El agua que no es segura para beber es una “bomba de tiempo en términos de salud pública”, especialmente cuando los residentes usan manantiales y arroyos como fuentes principales de agua, dijo Josefa Torres-Olivo, directora de RCAP Solutions, una organización sin fines de lucro en Puerto Rico, que trabaja con comunidades que luchan con problemas de agua.

Unas 600 familias en Guayabota, una comunidad en el pueblo de Yabucoa, viven desconectadas del sistema de agua principal de la isla. Muchos de ellos canalizan las aguas residuales directamente a las corrientes o usan tanques y sistemas sépticos porque viven lejos de una línea de alcantarillado.

Las altas tasas de bacterias en las aguas superficiales de Puerto Rico sugieren que los problemas de aguas residuales están muy extendidos, según el informe.

Los residentes dijeron a los investigadores que las aguas residuales inundan regularmente las calles de sus vecindarios y que la situación ha empeorado después de los recientes huracanes y fuertes lluvias.

Torres-Olivo dijo que grupos como el suyo apuntan a formar colaboraciones entre los miembros de la comunidad y las agencias gubernamentales apropiadas para promover iniciativas locales y empoderar a los vecindarios para que lideren el desarrollo de infraestructuras de agua más seguras.

El agua, la otra crisis en la frontera

En las colonias a lo largo de la frontera entre Texas y México, muchos residentes utilizan pozos privados sin supervisión que tienen una calidad y disponibilidad de agua impredecibles.

En la ciudad colonia de Cochran, las familias compran agua en camiones por unos $250 dólares al mes para bañarse o limpiarse, no para beber, o deben conseguir su agua en automóvil o a pie.

Los hogares en esta colonia usan de 50 a 100 galones de agua potable al mes; en comparación, el estadounidense promedio usa 88 galones diarios.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el agua potable no segura y el acceso inadecuado al saneamiento del agua contribuyen a alrededor del 88% de las muertes por enfermedades diarreicas.

El clima y la agricultura empeoran las condiciones

La situación empeora en los vecindarios con sistemas sépticos o alcantarillas mal construidas cuando los fenómenos climáticos extremos, como huracanes, sequías y lluvias extremas, hacen que los sistemas de alcantarillado se desborden constantemente.

Esto hace que el suministro de agua se contamine con aguas negras, con residuos, heces, y otros contaminantes.

A medida que las condiciones climáticas provocan más cambios en la lluvia, por ejemplo, este tipo de contaminación del agua se volverá más común, dijo McGraw.

A pesar de que algunas áreas rurales cuentan con pequeños sistemas de agua potable que tratan la contaminación con cloro, las comunidades de bajos ingresos pueden tener dificultades para pagar el tratamiento y los exámenes de laboratorio para el agua.

Los mayores contaminadores

Otro tema involucra los efectos de la producción agrícola e industrial.

Desde 2013, miles de californianos en el Valle Central no pueden beber agua de pozos domésticos y sistemas municipales porque están contaminados con nitratos y bacterias de lo que se filtra de la industria agrícola y láctea, así como arsénico, uranio y otros productos químicos industriales nocivos, encontraron los investigadores.

En Sevilla, California, una ciudad principalmente de bajos ingresos, una residente le dijo a los investigadores que paga $60 dólares al mes por “agua amarilla y llena de sedimentos”.

También gasta $100 dólares adicionales al mes para comprar agua limpia y embotellada, lo que le impide satisfacer otras necesidades.

“Eso afecta su capacidad de mantenerse saludable, ir a la escuela, trabajar y mantener una vida normal”, dijo McGraw.

El gobierno federal deja de invertir

Estas condiciones en EE.UU. y Puerto Rico ocurren al tiempo que el gasto federal en sistemas de agua ha disminuido drásticamente.

En 1977, el 63% del gasto total para sistemas de agua y aguas residuales provenía de agencias federales, según el informe. Ese número ahora es menos del 10%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los gobiernos estatales y locales han llenado ese vacío en los últimos años invirtiendo en sistemas de suministro de agua a través de bonos exentos de impuestos, bancos estatales, bonos de crédito fiscal y programas de crédito federal directo.

Aun así, “el gobierno federal brinda relativamente poco apoyo financiero a los estados y localidades” para invertir en sistemas que contengan agua, como represas, diques, embalses y pozos, dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En los últimos meses, la administración Trump ha revocado al menos dos regulaciones de agua limpia que ayudaban a limitar la cantidad de productos químicos contaminantes que podrían usarse cerca de las corrientes de agua y que regulaban los procedimientos de eliminación de cenizas de carbón cerca de cuerpos de agua.

Los retrocesos para el agua limpia bajo Trump se produjeron meses después de que el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Andrew Wheeler, dijera que el agua contaminada era la amenaza de salud pública más importante, mientras minimizaba la amenaza del cambio climático.

Los grupos ambientalistas y los científicos dicen que ambos problemas están interconectados.

Los activistas y grupos que trabajan en el acceso al agua dicen que proporcionar estos servicios esenciales es beneficioso en todos los ámbitos.

“La calidad de vida está directamente relacionada con el acceso al agua”, dijo Torres-Olivo, “el desarrollo económico y los efectos en la salud pública están todos conectados.

Por Nicole Acevedo/NBC News, traducido por Juliana Jiménez/Telemundo / NBC