El gobierno de Trump amenaza con sanciones a ciudades santuario y las lista como jurisdicciones desobedientes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a enviar notificaciones a más de 500 “jurisdicciones santuario” en Estados Unidos, señalándolas por, según la Administración de Donald Trump, obstaculizar la aplicación de las leyes migratorias.

En un comunicado emitido por el DHS, se detalló una lista de entidades —incluyendo ciudades, condados y estados— que presuntamente impiden intencionalmente el cumplimiento de las normativas federales de inmigración y que, alega el gobierno federal, ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos del país.

Según DHS, cada jurisdicción recibirá un aviso oficial en el que se les informa que han sido catalogadas como incumplidoras, y se evaluará si están incurriendo en posibles violaciones de leyes penales federales. La lista fue publicada en el sitio web del DHS como parte de una estrategia para ejercer presión sobre estas comunidades, a las que se acusa de entorpecer la política de deportaciones masivas promovida por el presidente Trump.

“Estos políticos de las ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a delincuentes extranjeros ilegales violentos”, dijo Kristi Noem, secretaria del DHS.
“Estamos exponiendo a estos políticos santuario que albergan a delincuentes extranjeros ilegales y desafían la ley federal. El presidente Trump y yo siempre priorizaremos la seguridad del pueblo estadounidense. Los políticos santuario están sobre aviso: cumplan con la ley federal”, afirmó Noem.

El DHS instó a las jurisdicciones señaladas a revisar y modificar de inmediato sus normativas, con el fin de ajustarse a la legislación migratoria federal, y reafirmar su compromiso con la protección de los ciudadanos estadounidenses y no, según se alega, de inmigrantes indocumentados considerados peligrosos.

Desde el gobierno de Trump se ha criticado reiteradamente a las comunidades y estados que, en su opinión, no colaboran con la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para cumplir la promesa de campaña del presidente de deportar a millones de personas en situación migratoria irregular.

La elaboración de la lista consideró distintos aspectos, como si las localidades se autodefinen como santuarios, su nivel de cooperación con las autoridades federales migratorias, si imponen restricciones a la entrega de información o si ofrecen protecciones legales a personas sin autorización para residir en el país.

El 28 de abril, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a la secretaria de Seguridad Nacional y a la fiscal general a difundir un listado actualizado de estados y jurisdicciones locales que obstaculicen la legislación migratoria. Asimismo, estipula que agencias federales, junto con la Oficina de Administración y Presupuesto, identificarán contratos o subvenciones federales otorgados a estas jurisdicciones, los cuales podrán suspenderse o cancelarse.

En caso de que, una vez notificados, estos gobiernos locales persistan en el incumplimiento, la fiscal general y la secretaria de Seguridad Nacional podrán implementar las acciones legales que estimen necesarias para forzar su cumplimiento, se afirma desde el gobierno federal.

El término “jurisdicción santuario”, aunque carece de una definición legal exacta, suele aplicarse a aquellas entidades estatales o locales que limitan su colaboración con ICE, priorizando la protección de todos los residentes, incluyendo inmigrantes, mediante la reducción del uso de sus recursos en operativos migratorios.

ICE, aunque es la autoridad encargada de aplicar la ley migratoria a nivel nacional, depende con frecuencia del apoyo local para identificar a personas sujetas a deportación y asegurar su retención hasta que puedan ser transferidas a la custodia federal.