Gobernador de California rechaza “acto de guerra” de procurador Sessions contra California

La tensión verbal y legal entre el gobierno de Donald Trump y el estado de California alcanzó su nivel máximo este miércoles, cuando el procurador Jeff Sessions y los máximos funcionarios del estado intercambiaron fuertes acusaciones en torno al tema de inmigración.

Sessions  vino el miércoles a California a señalar a las autoridades locales de conducta ilegal, luego de presentar una demanda judicial contra tres leyes aprobadas este año por la legislatura del estado.

Por su parte, los líderes estatales, comenzando por el gobernador Jerry Brown y el procurador estatal, calificaron de “maniobra política” la demanda y el discurso de Sessions.  Brown en particular dijo que se trata de un “acto de guerra” del gobierno federal contra California.

Durante un discurso el miércoles por la mañana en Sacramento, Sessions atacó a varios funcionarios estatales por su nombre o su cargo y dijo que eran “radicales que favorecen las fronteras abiertas”.

“Entiendo que hay diferencias políticas pero las leyes son claras: no hay secesión, la ley federal es suprema y lo que está haciendo California es rechazar la ley migratoria y crear un sistema de fronteras abiertas”, dijo Sessions. “Es algo irracional que se puede aceptar”.

Las leyes en cuestión son el Acta de Valores de California (SB 54), que limita la cooperación de autoridades estatales y locales con tareas migratorias. La AB 450 que regula el acceso de ICE a los centros de trabajo y la AB 103, que crea un sistema de inspección local de los centros privados de detención.

Los líderes de California, comenzando por el gobernador Jerry Brown, no tomaron amablemente los ataques ni la demanda de Sessions. En particular Brown, quien dijo durante una rueda de prensa el miércoles por la mañana que “esto es lo más agresivo que ha hecho el gobierno de Trump contra California hasta ahora”.

“Esto no está bien, no lo vamos a permitir y estoy seguro que la demanda va a durar más tiempo que el gobierno de Trump”, dijo Brown, implicando que el presidente quizá no dure demasiado en la Casa Blanca.

Agregó que las leyes que Sessions está atacando “no impiden ni entorpecen el trabajo del gobierno federal ni de ICE” ni protegen a criminales, como implica Sessions.

” Las leyes de California no impiden a ICE hacer su trabajo, ellos pueden seguir viniendo a las cárceles a entrevistar a inmigrantes”, dijo Brown. “La ley SB54 exime una larga lista de delitos, es decir, nosotros sí facilitamos la entrega de delincuentes violentos y peligrosos a ICE”.

El gobernador dijo que Sessions había dicho “tres grandes mentiras” durante su discurso. “No tenemos ni queremos fronteras abiertas, no protegemos a criminales y no estamos buscando la secesión o separación de California de los estados Unidos”.

Por su parte, le corresponde al procurador de California Xavier Becerra responder legalmente a la demanda de Sessions, presentada en corte federal en Sacramento. Becerra dijo que el estado no entorpece el trabajo del gobierno federal y que en muchas ocasiones trabaja y continuará trabajando, para arrestar a criminales peligrosos.

“Nuestros equipos trabajan juntos para perseguir a drogadictos, a pandilleros, a destruir bandas de traficantes…y eso no va a cambiar”, dijo Becerra. “Lo que sí no vamos a hacer es dejar de enfocarnos en seguridad pública para ponernos a colaborar en deportaciones”.

Becerra dijo que las amenazas del gobierno de Trump de retirar fondos de seguridad pública al estado por no cooperar con sus políticas migratorias “son realmente injustas para los hombres y mujeres de la policía que trabajan por nuestra seguridad”.

Sessions  y el gobierno de Trump han estado enfrentados a California desde el primer momento, debido al desacuerdo de la mayoría del estado con las políticas migratorias desplegadas por el presidente y el procurador de la nación.

Trump ha enfocado a California como el estado “santuario” por excelencia, particularmente después que se aprobó la Ley de Valores de California, AB 54, para regular y limitar la colaboración de policías locales con las agencias migratorias.