Advierten que menores migrantes no acompañados podrían quedarse sin representación legal

Menores inmigrantes no acompañados en el área de Chicago podrían enfrentar audiencias en la corte de inmigración sin un abogado después de que el gobierno federal dejara vencer, el pasado 31 de julio, un contrato de servicios legales vigente durante décadas y otorgara un nuevo contrato de 150 millones de dólares a un pequeño despacho de abogados de Texas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) anunció el martes que Burke Law Group, un bufete con sede en Houston y 26 empleados, será el encargado de ofrecer orientación legal, asesoría y representación en la corte a cerca de 24,000 menores no acompañados hasta agosto de 2027.

El contrato sustituye al que durante años administró el Acacia Center for Justice, organización que coordinaba estos servicios mediante una red nacional de casi 100 organizaciones sin fines de lucro.

Durante décadas, el National Immigrant Justice Center (NIJC) ha sido la principal organización encargada de representar a menores no acompañados detenidos en el área de Chicago a través del contrato de Acacia.

Hillary Richardson, directora asociada de Protección Infantil de NIJC, dijo a La Raza que la organización continúa representando a sus clientes actuales pese a la pérdida del financiamiento federal, aunque advirtió que no podrá mantener ese esfuerzo por tiempo indefinido.

“Tenemos la obligación ética de seguir atendiendo a nuestros clientes y continuar con sus casos mientras nos sea posible”, dijo Richardson. “Pero no podremos sostener indefinidamente este nivel de representación para todos los menores cuyos casos asumimos bajo este contrato”.

Bajo el acuerdo anterior, NIJC era notificado cada vez que un menor no acompañado llegaba a un albergue administrado por el gobierno en el área de Chicago.

Sus abogados impartían presentaciones sobre los derechos de los menores, les explicaban el proceso migratorio de manera apropiada para su edad, evaluaban posibles formas de alivio migratorio y los representaban en sus audiencias ante la corte de inmigración.

Cuando los menores eran reunificados con familiares o patrocinadores en Illinois, la organización con frecuencia continuaba representándolos durante todo su proceso migratorio.

Richardson explicó que, con el vencimiento del contrato, ese sistema dejó de funcionar.

“Si esta semana llega un menor a un albergue en Chicago, ya no seremos notificados”, dijo. “Ese niño o niña probablemente ni siquiera sabe que tiene un proceso en la corte de inmigración, no entiende cómo funciona el sistema y, aun así, se espera que encuentre un abogado por su cuenta”.

¿Qué pasa con la representación legal de los menores migrantes?

A diferencia de los tribunales penales, las cortes de inmigración no asignan abogados de oficio a quienes no pueden pagar uno. Sin representación legal, los menores deben conseguir un abogado por su cuenta o comparecer solos ante un juez.

La pérdida del financiamiento ocurre mientras NIJC enfrenta una creciente carga de casos.

Richardson añadió que la organización tiene alrededor de 90 entrevistas de asilo programadas durante las próximas cuatro semanas para menores cuyas solicitudes han permanecido pendientes durante años debido a retrasos del gobierno federal.

Al mismo tiempo, sus abogados continúan representando a cientos de menores cuyos casos siguen abiertos después de haber sido liberados de la custodia del gobierno.

“El equipo está haciendo todo lo posible para cumplir con nuestras obligaciones éticas”, dijo.

Richardson también relató que la confusión llegó rápidamente a la corte de inmigración en Chicago tras el vencimiento del contrato.

Según explicó, los abogados de NIJC recibieron un correo electrónico de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) alrededor de las 4:15 p.m. del martes solicitando los nombres y números de registro migratorio, conocidos como números A, de los menores que representaban y les dio como plazo hasta las 9 p.m. para responder.

En lugar de proporcionar información confidencial de sus clientes, NIJC respondió que continuaba representando a todos los menores para quienes ya había presentado una comparecencia formal ante la corte, argumentando que tanto ORR como el tribunal ya contaban con esa información.

Sin embargo, cuando los abogados acudieron a la corte de inmigración de Chicago la mañana del miércoles, Richardson dijo que encontraron a otro abogado presente después de que ORR, presuntamente, identificara a algunos menores como si no tuvieran representación legal.

“Parece que ORR compartió los nombres completos y los números A de nuestros clientes y los marcó como si no estuvieran representados”, afirmó Richardson. “Nuestros abogados siguen ahí representando a esos menores”.

Añadió que NIJC desconoce cuánto tiempo podrá continuar brindando representación sin financiamiento federal.

La incertidumbre coincide con otros cambios en la corte de inmigración de Chicago.

De acuerdo con Richardson, la jueza que normalmente atendía los casos de menores fue despedida la semana pasada y reemplazada por un nuevo juez sin experiencia previa en procesos de inmigración infantil.

Además, dijo que el gobierno ha presentado recientemente numerosas mociones para reactivar casos de menores que habían permanecido cerrados administrativamente.

“Parece que están tratando de regresar todos esos casos al calendario de la corte, sabiendo que muchos de esos menores podrían quedarse sin representación legal”, dijo.

Contexto del contrato

El Acacia Center for Justice, organización que administró el programa federal desde 2024, estima que el vencimiento del contrato podría afectar a más de 20,000 menores en todo el país.

Claudia Tristán, gerente de comunicaciones de Acacia, dijo a La Raza que la red de organizaciones legales ha representado a menores no acompañados con fondos aprobados de manera bipartidista por el Congreso desde principios de la década de 2000.

También dijo que varias organizaciones sin fines de lucro ya redujeron servicios o cerraron debido a que el gobierno federal dejó de realizar pagos desde diciembre de 2025.

“El gobierno no tenía ningún plan para estos menores”, afirmó Tristán. “Hay niños que esta misma semana podrían tener que presentarse ante un juez sin el abogado con quien ya habían construido una relación de confianza”.

En un comunicado enviado a La Raza, el Departamento de Salud y Servicios Humanos aseguró que ORR “trabaja para garantizar la seguridad, el bienestar y la atención adecuada de todos los menores bajo su custodia” y que “continúa cumpliendo plenamente con sus obligaciones legales y reglamentarias”.

La dependencia indicó que ofreció a Acacia un segundo contrato temporal antes de que el acuerdo expirara el 31 de julio. Según HHS, la propuesta requería que la organización proporcionara información sobre las personas a las que representa y facturara al gobierno cuando presentara solicitudes de alivio migratorio.

“Acacia rechazó esa oferta”, indicó el comunicado.

Tristán respondió que la organización rechazó la propuesta porque exigía entregar información confidencial protegida por el privilegio abogado-cliente.

“Nos estaban pidiendo información altamente confidencial sobre los menores que no íbamos a compartir”, dijo. “Ningún abogado actuaría de forma ética si aceptara violar el privilegio abogado-cliente”.

Richardson coincidió y aseguró que el gobierno ha solicitado información cada vez más detallada sobre los menores representados bajo el contrato.

“Que el gobierno pague por estos servicios legales no significa que tenga derecho a acceder a información protegida, especialmente cuando el propio gobierno es la parte contraria en estos casos”, afirmó.

Aunque el gobierno federal anunció que Burke Law Group asumirá la representación legal de menores no acompañados en todo el país. De acuerdo con la televisora ABC, Marcella Burke (también identificada en medios como Burkey), una de las fundadoras del citado despacho, fue en el pasado designada por el presidente Donald Trump a puestos en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento del Interior.

Todavía no está claro si Burke Law Group contratará a las organizaciones sin fines de lucro que anteriormente integraban la red de Acacia ni cómo se realizará la transición en ciudades como Chicago.

“Tenemos algunos recursos flexibles para continuar trabajando”, concluyó Richardson. “Pero no son suficientes para sostener un programa que durante años fue financiado por el gobierno federal”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza  y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.