Fin del TPS deja a 350,000 haitianos al borde del desempleo y la deportación
La decisión judicial permite concluir el programa y deja a miles de inmigrantes expuestos a perder su trabajo
Miles de haitianos perdieron oficialmente la protección del TPS, lo que podría afectar su empleo y permanencia legal en Estados Unidos. Crédito: Lynne Sladky | AP
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 haitianos llegó oficialmente a su fin en Estados Unidos, luego de que una jueza federal autorizara el cierre definitivo del programa tras la decisión emitida por la Corte Suprema. La medida deja a miles de inmigrantes en una situación de incertidumbre, ya que muchos podrían perder su autorización para trabajar y enfrentar procesos de deportación.
La resolución fue emitida por la jueza federal Ana C. Reyes, del Distrito de Columbia, quien determinó que el TPS “ya no está vigente”, luego de que la Corte Suprema concluyera en junio que la ley federal limita la revisión judicial de las decisiones relacionadas con este beneficio migratorio. No obstante, la magistrada permitió que continúen las demandas que cuestionan si la cancelación del programa tuvo un trasfondo discriminatorio.
Miles de trabajadores quedan en riesgo
De acuerdo con un análisis del grupo FWD.us, cerca de 200,000 haitianos beneficiarios del TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense, principalmente en los sectores de salud, servicios de alimentación, comercio y almacenamiento.
Especialistas en inmigración señalaron que algunas empresas comenzaron a despedir trabajadores incluso antes de que concluyera oficialmente el programa, mientras otras se preparan para verificar la vigencia de los permisos laborales de sus empleados.
“La forma en que se ha atacado específicamente a este grupo simboliza los esfuerzos del gobierno por criminalizar a los inmigrantes de color”, afirmó Katie Kersh, abogada de Advocates for Basic Legal Equality.
Aunque el beneficio terminó oficialmente, los abogados que representan a los beneficiarios analizan presentar nuevas acciones legales con argumentos constitucionales para intentar frenar las consecuencias de la medida.
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